Por: Américo Solis
La propuesta del Congreso de implementar un “ciclo 0” como antesala obligatoria para el ingreso a las universidades públicas del país representa no solo una medida desacertada, sino un retroceso alarmante en los principios que deben regir la educación superior en el Perú.
En esencia, esta iniciativa, cuyo dictamen fue aprobado por la Comisión de Educación del Congreso, pretende que los estudiantes cursen un ciclo previo, similar a una academia preuniversitaria, y que, tras la evaluación en tres exámenes consecutivos, accedan a una vacante universitaria. Esta propuesta resulta absurda y cuestionable desde varios frentes.
En primer lugar, desnaturaliza por completo el proceso de admisión tradicional, basado en exámenes rigurosos que buscan medir conocimientos, habilidades y aptitudes de los postulantes en igualdad de condiciones. El examen de admisión ha sido, por décadas, el mecanismo más transparente y meritocrático para acceder a la universidad pública. Todos nosotros, quienes hoy ejercemos roles profesionales, lo hemos enfrentado. ¿Por qué ahora se pretende imponer una vía paralela y carente de objetividad?
Lo más grave, sin embargo, es que esta medida constituye una clara vulneración a la autonomía universitaria, principio consagrado en la Constitución. Las universidades son, por definición, instituciones autónomas en su organización académica, administrativa y económica, y tienen el derecho y también el deber de definir sus procesos de admisión en función de su misión institucional y estándares de calidad. Que el Congreso intente imponer un esquema uniforme desde el poder legislativo, invadiendo atribuciones propias del ámbito universitario, sienta un peligroso precedente de intromisión política en la educación superior.
Además, lejos de democratizar el acceso, el “ciclo 0” podría generar nuevas barreras para los jóvenes con menos recursos, obligándolos a asumir un proceso más extenso, incierto y potencialmente discriminatorio.
A este panorama se suma la reciente aprobación para crear 20 nuevas universidades en diversas regiones del país, sin que medie ningún análisis técnico que garantice su viabilidad a corto o largo plazo. Conociendo los tiempos y obstáculos de la burocracia administrativa en el Perú, es evidente que los más perjudicados serán los jóvenes, quienes albergarán expectativas que probablemente no se cumplirán. En el mejor de los casos, si llegaran a abrirse, estas universidades podrían correr la misma suerte de aquellas que fueron clausuradas por no cumplir con los estándares mínimos exigidos.
La educación superior requiere reformas, sí, pero con visión, responsabilidad y respeto por la institucionalidad. No a través de propuestas improvisadas que desvirtúan el mérito, politizan la educación y sacrifican el futuro de miles de estudiantes.
