por: Américo Solis
Cada día que pasa, el Perú se desangra más. La muerte golpea con más fuerza y la esperanza se desvanece entre titulares que ya no conmueven, porque nos estamos acostumbrando al horror. Esta vez, han sido 13 mineros secuestrados y asesinados en Pataz, en la región, en La Libertad, por delincuentes extorsionadores, en una región donde ya han ocurrido 26 muertes vinculadas a la criminalidad. Trece peruanos más que no volverán a casa, trece familias rotas para siempre, y un Estado que sigue ausente.
Su desaparición fue denunciada hace una semana. Se trataba de trabajadores que brindaban servicios a minera La Poderosa, ubicada en una zona declarada en emergencia por la violencia generada por la minería ilegal.
Según información oficial, los responsables de este crimen son mineros ilegales que actuaron junto a organizaciones criminales. Su objetivo era tomar el control de una operación minera artesanal con la que la empresa Poderosa mantenía un contrato de explotación.
Algo que no podemos soslayar son las reiteradas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera por parte del Congreso, que han permitido que mineros informales e ilegales sigan operando con total impunidad. Esta medida, evidentemente, no ha tenido ningún éxito ni ha significado remedio alguno frente a una realidad que ya se muestra insostenible.
Este acto ha despertado no solo la indignación ciudadana, sino también la exigencia de respuestas concretas por parte de las autoridades responsables de la seguridad en nuestro país. Se necesita una estrategia urgente, articulada y eficaz para desarticular las redes delictivas que operan en Pataz y en otras regiones dominadas por el crimen organizado.
La barbarie ha dejado de ser una excepción. Es rutina. No hay día en que no se reporte la muerte de un inocente a manos del sicariato, de bandas criminales, de menores convertidos en asesinos. Somos testigos de un país cercado por el crimen, donde la vida ha perdido valor y la impunidad se ha vuelto norma.
Lo más indignante no es solo la atrocidad de los hechos, sino la inacción del gobierno. La Policía Nacional, lejos de liderar una investigación inmediata y eficaz, ha sido cuestionada por los propios familiares de las víctimas, quienes aseguraron que fueron los compañeros de trabajo quienes alertaron sobre el hallazgo de los cuerpos, no las autoridades. ¿Dónde está el Estado? ¿Quién nos protege?
La impotencia y la desesperanza se juntan porque el abismo en el que estamos cayendo parece no tener fondo. Hoy es Pataz, ayer fue San Juan de Lurigancho, mañana puede ser cualquier rincón del país. ¿Hasta cuándo miraremos hacia otro lado mientras nos desangramos?
Esto no es solo un crimen. Es una advertencia brutal de que hemos perdido el control. Que estamos solos. Que nadie viene a salvarnos. Por eso, hoy más que nunca, estamos de luto nacional.
