La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe de calificación que recomienda admitir a trámite la Denuncia Constitucional 570, por la presunta infracción de la Constitución y la posible comisión de los delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal, tipificados en el Código Penal, por archivar una investigación contra el fiscal supremo Pablo Sánchez. La votación registró 11 votos a favor y dos en contra.
De acuerdo con la denuncia, Espinoza Valenzuela habría ofrecido archivar la investigación preliminar del fiscal supremo Pablo Sánchez, acusado de obstrucción a la justicia en varios casos, a cambio de su voto en su propia elección como fiscal de la Nación, lo que implicaría cohecho activo.
Una vez elegida, Espinoza se habría abocado al caso Sánchez sin inhibirse por conflicto de interés, optando por el archivo de la denuncia constitucional contra el referido fiscal, obstruyendo a la justicia.
De otro lado, la subcomisión, con 12 votos a favor y uno en contra, aprobó el informe de calificación que declara procedente la Denuncia Constitucional 587, interpuesta por la fiscal de la nación, Delia Espinoza, contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda.
Es por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el Código Penal. Este caso fue acumulado a las denuncias 460, 462 y 463.
Se le denuncia a Otárola por la contratación de una persona con quien sostuvo una relación personal, para supuestamente direccionar acciones administrativas dentro del Poder Ejecutivo. Asimismo, por el posible direccionamiento de contrataciones de empresas y altos sueldos a personal que contrató con lo que hace presumir el delito de negociación incompatible.
Contra exministros del interior
Con diez votos a favor y tres en abstenciones, fue aprobada la procedencia de la Denuncia Constitucional 593 por encontrar suficientes elementos de convicción en la conducta que le imputa la fiscal de la nación, Delia Espinoza, al exministro del Interior, Víctor Manuel Torres Falcón. Las acciones denunciadas configurarían actos y uso arbitrarios del carg
Exintegrantes de JNJ
La subcomisión, con 10 votos a favor y uno en contra, aprobó el informe de calificación que declara la admisión a trámite, en un extremo, de la Denuncia Constitucional 544, presentada por Juan Antonio Fernández Jerí en su condición de ciudadano y como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, contra los exmiembros de la Junta Nacional de Justicia, Luz Inés Tello de Ñeco, Antonio Humberto de la Haza Barrantes y Aldo Alejandro Vásquez Ríos.
Es por la presunta infracción a la Constitución y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificados en el Código Penal. No fue así en lo que se refiere al delito de prevaricato.
