Por: Américo Solis
Lo sucedido en Colombia debe servirnos de advertencia. El desborde del crimen organizado en nuestro país ya empieza a mostrar señales preocupantes. El reciente atentado en Trujillo, en la región La Libertad, que afectó a más de veinte viviendas, junto con el incremento de crímenes vinculados al sicariato y la extorsión, constituye una señal de alarma sobre lo que podría estarse gestando en el corto plazo. Conviene tenerlo muy presente, porque lo que hoy golpea a Colombia podría replicarse en el Perú si no se enfrenta con decisión y firmeza.
Mientras el presidente Petro, secundado por su entorno, insiste en su pretensión de reclamar como propio el distrito de Santa Rosa, ubicado en la región de Loreto y parte inalienable de la soberanía peruana, la ciudad de Cali se ha convertido en la capital de la violencia. La pérdida de capacidad ofensiva del Estado colombiano se hace cada vez más evidente. Se anuncia la intención de declarar como organizaciones terroristas a los grupos armados vinculados al narcotráfico y a las economías ilegales, pero en la práctica lo que se observa es una acción limitada que, en pleno año preelectoral, amenaza con derivar en una guerra urbana de grandes proporciones.
La disidencia de las FARC continúa demostrando su poder de fuego en regiones como el Valle del Cauca, donde la iniciativa militar del gobierno se mantiene restringida, transmitiendo la impresión de que no se gobierna con efectividad. Los hechos recientes hablan por sí solos. En Cali se registraron seis personas muertas y más de sesenta heridos, mientras que, en Amalfi, Antioquia, fueron asesinadas doce personas y ocho más resultaron heridas. El propio presidente Petro terminó calificando estos episodios como un “día de terror”.
El Estado parece desbordado por la fuerza de las economías criminales y la violencia armada, un escenario que coloca a Colombia en una encrucijada peligrosa. Esa misma encrucijada podría acechar al Perú si seguimos mirando hacia otro lado. El crimen organizado, el sicariato y la violencia cotidiana ya no son hechos aislados, sino parte de una amenaza creciente que exige respuestas inmediatas y firmes. La seguridad no admite dilaciones ni cálculos políticos, porque se trata, sencillamente, de defender el derecho de los ciudadanos a vivir en paz.
El Estado parece desbordado por la fuerza de las economías ilicitas y la violencia armada, una situación que coloca a Colombia en un punto crítico. Ese mismo escenario podría acechar al Perú si seguimos mirando hacia otro lado. El crimen organizado, el sicariato y la violencia cotidiana ya no son hechos aislados, sino parte de una amenaza creciente que exige respuestas inmediatas y firmes. La seguridad no admite dilaciones ni cálculos políticos, porque se trata, sencillamente, de defender el derecho de los ciudadanos a vivir en paz.
