El Segundo Despacho de la fiscalía provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Ayacucho, dirigido por el fiscal provincial Percy Rodríguez Salvatierra, logró que se declare fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra Marco Alfaro (44) y Lorena de la Cruz (42), por la presunta comisión del delito tenencia ilegal de armas, falsificación de documentos, falsificación de sellos y fraude procesal.
En tanto, se impuso medidas restrictivas de derechos a Luis Tueros (43) y Luis Bustíos (74), quienes no deberán comunicarse con sus coimputados, agraviados ni testigos; además, no podrán salir de la jurisdicción en la que residen sin autorización judicial.
Según los elementos de convicción reunidos, el grupo habría operado de manera prolongada en la provincia de Huanta desde el año 2021, dedicándose presuntamente a la ocupación ilegal de terrenos en agravio de diversos ciudadanos.
De acuerdo con la tesis fiscal, los integrantes de esta organización habrían actuado bajo un modus operandi estructurado, utilizando documentos presuntamente falsificados, sellos adulterados y actos de violencia o amenazas para apropiarse de predios. Durante los operativos de allanamiento realizados el 18 de septiembre de 2025, se incautaron diversos documentos notariales, sellos de instituciones públicas y privadas, así como escrituras y contratos que serían falsificados.
Asimismo, las declaraciones de testigos y agraviados permitieron identificar un patrón de actuación sostenido, que incluiría la presunta falsificación de documentos públicos, fraude procesal, uso de armas de fuego y manipulación de procesos judiciales, con el fin de consolidar la posesión de los terrenos ocupados.
Las diligencias también permitieron advertir hechos independientes en los que algunos investigados habrían continuado con acciones similares, manteniendo el mismo modo de operación y presunta coordinación entre ellos.
El Ministerio Público reafirma que las investigaciones se desarrollan con pleno respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia, a fin de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a ley.
