Ciudadanos denuncian un «vía crucis» burocrático: meses de reclamos, cobros injustificados y falta de soluciones técnicas. Si a un profesional del derecho le cuesta defenderse, el usuario común está totalmente indefenso», señala una de las afectadas.
Chincha: Lo que comenzó como un reclamo técnico por una caja de registro defectuosa el pasado 17 de diciembre, se ha convertido en el símbolo de la frustración para miles de usuarios de la EPS SEMAPACH. Bajo el nombre de “El valle de lágrimas de los chinchanos”, se viene denunciando un sistema de atención que, lejos de solucionar problemas, parece estar diseñado para desgastar al ciudadano hasta que este desista de sus derechos.
El testimonio de una usuaria afectada revela una realidad alarmante: a pesar de contar con formación legal y haber presentado videos, fotografías y más de tres inspecciones internas que confirman que no existen fugas en su domicilio, la empresa persiste en validar cobros elevados.
«Es una sensación permanente de que la empresa juega con tu tiempo, tu bolsillo y tu dignidad», afirman los usuarios, quienes describen un verano de «peregrinaje» entre oficinas, expedientes acumulados y esperas interminables en el área de Atención al Cliente.
La exposición pone el foco en un problema de la desigualdad ante el sistema. Durante los meses de gestión, se ha observado el local de la EPS abarrotado de personas (muchas de ellas sin conocimientos sobre procedimientos administrativos o normas de SUNASS intentando entender recibos impagables o respuestas técnicas confusas.
«Yo sé leer una resolución y citar una norma, y aun así me siento agotada. Imaginen lo que vive el usuario que llega sin saber qué pedir o cómo defenderse ante una empresa que solo responde ‘el medidor funciona’ para cerrar el caso», señala la afectada.
El reclamo no es un hecho aislado, sino una constante en la fila de ciudadanos que día a día acuden a SEMAPACH por las fallas en infraestructura externa (cajas de registro) que afectan la medición, de cobros por consumos no realizados que no son investigados técnicamente de fondo el el maltrato administrativo, enviando al usuario de un área a otra sin dar soluciones definitivas.
Ante esta preocupación se hace un llamado público a la SUNASS y a la gerencia de SEMAPACH para que revisen los protocolos de atención y los criterios de sus gerencias comerciales. El acceso al agua es un derecho, y su gestión no puede convertirse en un laberinto legal que atropelle la dignidad de los chinchanos.
