La Contraloría General de la República emitió un riguroso informe de control donde identifica presunta responsabilidad administrativa y civil en 10 funcionarios y servidores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El documento señala que una serie de graves fallas operativas, técnicas y de planificación durante el último proceso electoral afectaron directamente el derecho al voto de más de 55 mil ciudadanos a nivel nacional.
La investigación detallada revela que las principales deficiencias se concentraron en la distribución tardía del material electoral y en retrasos críticos para la instalación de las mesas de votación. A este escenario se sumó el colapso de los sistemas informáticos de soporte de la jornada, una negligencia técnica que impidió el normal desarrollo del sufragio y generó desorden en diversos centros de votación del país.
Además de la afectación al derecho ciudadano, la Contraloría detectó un perjuicio económico directo contra el Estado. Este daño patrimonial se deriva de irregularidades en la adjudicación y ejecución de los contratos de servicios logísticos, los cuales presentaron notables incumplimientos que no fueron debidamente supervisados ni penalizados por las gerencias encargadas de la ONPE.
Ante la gravedad de los hallazgos, el órgano de control derivó el expediente a la Procuraduría Pública para que inicie las acciones civiles correspondientes orientadas al resarcimiento de los fondos públicos.
En paralelo, se abrieron los procedimientos administrativos sancionadores para lograr la inhabilitación de los 10 implicados, recomendando a la alta dirección de la ONPE la reestructuración inmediata de sus áreas operativas clave.
