Si un partido político, un candidato o un ciudadano encuentra irregularidades y quiere impugnar o pedir la nulidad de una sola mesa de sufragio, el JNE le exige pagar una tasa de S/ 1,375.00 por una sola mesa.
Si un candidato detecta fraude o errores graves en 10 o 20 mesas de su zona, necesita tener guardados más de 20 mil soles al instante solo para que revisen sus quejas. Si no se tiene el monto requerido para pagar la tasa en el banco y adjuntar el voucher original al Jurado Electoral Especial, el reclamo va directo al tacho. No importa cuántas pruebas tengan; si no se tiene como solventar el costo, declaran el pedido improcedente y nadie revisa nada.
Se entiende que existan filtros para evitar que los partidos hagan perder el tiempo con berrinches o para dilatar los resultados. Pero poner una barrera económica tan alta lo único que hace es que la justicia electoral sea un privilegio de los partidos con una buena posición económica. Los movimientos independientes o los candidatos con menos recursos simplemente se quedan con las manos atadas, aceptando lo que sea porque no les alcanza para reclamar.
Esto pareciera ser una premeditada accionar a través de las reformas a las leyes orgánicas y electorales, donde se dieron estas leyes para que el sistema legalmente asegure para los que tienen mas posición económica más gordas, quienes si pueden reclamar o defender los votos. Diseñaron una barrera impagable para los movimientos independientes, candidatos nuevos o partidos regionales pequeños.
Al final, da la impresión de que el valor de nuestro voto depende directamente de cuánta plata tenga un partido para defenderlo en la mesa verde.
