Mediante Resolución Número Ocho, de fecha 20 de marzo del año en curso; Mónica Elena Pomajambo Zambrano, jueza del Segundo Juzgado Civil de Tarapoto, ordenó declarar fundada en parte la demanda interpuesta por Iván Rojas García, en representación de la Asociación Ecoguerreros del Perú y del Mundo, sobre la acción constitucional de amparo contra la única disposición complementaria final de la Ley 31973 conocida como “Ley Antiforestal”.
La demanda, argumentaba que algunas de las disposiciones de la ley, fomentaban la deforestación y vulneraban los derechos ambientales, afectando la potestad fundamental de contar con un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, regulado y protegido por la normatividad nacional e internacional que protegen el patrimonio y la diversidad biológica que integran y materializan el derecho fundamental mencionado.
Asimismo, como pretensión subordinada, la jueza solicita se ordene a las entidades demandadas suspendan todo trámite administrativo iniciado o continuado, posterior a la fecha de publicación de la citada ley, que se encuentre en trámite invocando o aplicando su articulado para la constitución y/o declaración de derechos mediante títulos y resoluciones administrativas.
“Consideramos relevante tener en cuenta que el dictamen del Segundo Juzgado Civil de Tarapoto es una decisión histórica, la jueza Mónica Eleana Pomajambo Zambrano, ha establecido un precedente crucial en la jurisprudencia ambiental en el Perú. Su fallo en la acción de amparo, representa un avance significativo en la defensa del derecho a un ambiente equilibrado y adecuado para la vida”, expresó Iván Rojas García en representación de la Asociación Ecoguerreros del Perú y el Mundo.
Indicó, que; la decisión refuerza la necesidad de garantizar un uso sostenible de los recursos naturales y la protección de las comunidades afectadas por la deforestación. “Además, sienta un precedente que podría aplicarse en todo el pais, especialmente en las regiones amazónicas, para defender la selva frente a las grandes corporaciones que buscan apropiarse ilegalmente de los recursos naturales, muchas veces con el apoyo de políticos corruptos”, refirió Rojas García.
“El tribunal ha dictado una sentencia clave para frenar la deforestación, al establecer que la capacidad de uso de un suelo o de protección no puede ser modificado por ningún documento, sin importar las firmas o sellos que tengan. La decisión invalida una disposición de la Ley Antiforestal que permitía titular tierras deforestadas previamente, protegiendo así los bosques y garantizando que sigan siendo patrimonio de la nación, refirió el coordinador de los Ecoguerreros.
La Asociación Ecoguerreros del Perú y del Mundo celebra esta sentencia como un triunfo en la lucha contra la degradación del ecosistema y la pérdida de biodiversidad. Con esta resolución, el Poder Judicial reafirma su compromiso con la tutela efectiva del medio ambiente, consolidando el papel crucial de la justicia en la defensa de los derechos fundamentales de la población y la naturaleza.
Cabe destacar que en enero del año 2024 el gobierno regional de San Martín, rechazó enérgicamente la modificación de la ley Forestal, que según especialistas favorece la deforestación en la Amazonía y atenta contra los medios de vida de los agricultores, vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Hay que indicar que especialistas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señalaron en un informe legal, que las modificaciones de la Ley Forestal promueven y legalizan la deforestación y degradación de los bosques que se ha incrementado cerca del 7%.
