Por: Américo Solis
Hasta ahora me pregunto qué le sumaba la presencia de un camarógrafo, empleado del Congreso de la República, al mitin realizado en la ciudad de Trujillo, donde la señora Keiko Fujimori anunció su candidatura presidencial para el 2026 y presentó a los integrantes de su plancha, en un nuevo intento por alcanzar la más alta magistratura del país, cargo que le ha sido negado por el voto popular en tres ocasiones.
El hecho no solo resulta cuestionable, sino que vuelve a poner sobre la mesa un problema persistente en nuestra vida pública: el uso de recursos del Estado para fines partidarios. Lo ocurrido evidencia, una vez más, que la frontera entre lo público y lo privado se ha vuelto casi inexistente, y que la ética en el ejercicio del poder sigue siendo un valor escaso en la política peruana.
Tras conocerse la denuncia, el Congreso informó que el trabajador involucrado, quien tiene comprobados vínculos con Fuerza Popular, dejó su cargo mientras se desarrolla una investigación administrativa para determinar responsabilidades. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, el hilo se rompe por la parte más débil, pues hasta ahora se desconoce quién autorizó su presencia en Trujillo, lejos de su centro laboral. El propio Parlamento recordó que su reglamento interno prohíbe el uso de recursos materiales y tecnológicos para fines ajenos a la función legislativa y que los bienes públicos no deben destinarse a actividades privadas de ninguna índole.
Este hecho, que involucra el uso de bienes públicos en actividades políticas, no es nuevo ni aislado. Si bien no se trata de un caso igual al ocurrido en Trujillo, guarda cierta similitud con lo visto durante la gestión de la expresidenta vacada Dina Boluarte, cuando algunos integrantes de su gabinete aprovechaban los recursos de sus carteras para promover su imagen con miras a futuras candidaturas. Hoy, uno de ellos aspira a la presidencia y otro tentará un escaño en el Senado, lo que confirma que aquellas conductas no fueron simples coincidencias, sino parte de una estrategia personal construida desde el poder con los recursos del Estado, es decir, con nuestra plata.
Cuando uno asume un cargo público o alcanza posiciones de alta responsabilidad, no lo hace para servirse de ellas, sino para servir con integridad. La verdadera vocación de servicio se demuestra actuando con transparencia, defendiendo el honor institucional y sosteniendo una conducta intachable, libre de toda sombra de corrupción. Solo así se puede recuperar la confianza ciudadana y dignificar la función pública.
