Por: Américo Solis
Una nueva víctima eleva a siete el número de fallecidos tras la aplicación de suero fisiológico contaminado, elaborado por el laboratorio Medifarma. A pesar de la magnitud de esta tragedia, el Ministerio Público aún no ha esclarecido quiénes serían los responsables penales y civiles. Peor aún, todo indica que se intenta reducir la culpa al nivel más bajo de la cadena: el personal auxiliar.
La defensa de Medifarma, encabezada por el abogado Enrique Ghersi, ha declarado que la empresa no tendría responsabilidad penal en los hechos, argumentando que no existió dolo ni intención de causar daño. Según la versión oficial, una investigación interna habría determinado que dos trabajadores incumplieron los protocolos durante el proceso de producción del suero.
Ambos habrían admitido su error. Sin embargo, uno de ellos ha sostenido que Medifarma busca convertirlo en el chivo expiatorio de una serie de negligencias institucionalizadas que eran conocidas y permitidas por sus superiores.
Esa afirmación no puede ser pasada por alto, porque revela no solo un posible intento de deslindar responsabilidades, sino una práctica sistemática de ocultamiento que comprometería directamente a los niveles más altos de la empresa.
Si se prueba que estas negligencias ya eran conocidas por sus jefes y que, aun así, se permitió la continuidad de los procesos, estaríamos frente a una responsabilidad corporativa que va mucho más allá del error de dos empleados.
Cuando una empresa enfrenta una situación tan grave, la respuesta no puede ser simplemente señalar a dos operarios y dar por cerrado el caso. Cualquier empresa seria asume su responsabilidad y actúa en consecuencia, incluso si eso implica cuestionar las decisiones o la omisión de sus más altos directivos. En cambio, lo que se observa en este caso es un intento de blindar a quienes debieron garantizar el control de calidad y evitar que un producto defectuoso llegue a un hospital.
No estamos ante un error aislado. Estamos ante una cadena de negligencias que terminó en la muerte de siete personas y que pudo haberse evitado si los controles hubieran funcionado como corresponde. Es inaceptable que se pretenda minimizar lo ocurrido con argumentos técnicos o cálculos legales sobre la ausencia de dolo. No hace falta intención para que una tragedia sea responsabilidad directa de quienes fallaron en su deber.
La Fiscalía tiene el deber moral y jurídico de actuar con celeridad. No puede permitirse que este caso termine con la imputación a personal de menor rango mientras los verdaderos responsables se ocultan tras informes internos. La lentitud en la investigación, sumada a la narrativa que pretende encubrir a quienes debieron dar la cara desde el inicio, solo refuerza la sospecha de impunidad.
Cada sol que Medifarma deba pagar en reparación será insuficiente frente al vacío que deja cada víctima. Pero lo mínimo que merece el país es saber toda la verdad y ver que se sanciona, sin excepciones, a todos los involucrados en esta tragedia.
