La permanencia de Betssy Chávez en la embajada de México en Lima dibuja un limbo jurídico y un agudo cisma diplomático en el Perú, al refugiarse en la residencia de San Isidro tras un controvertido fallo del Tribunal Constitucional respecto a su prisión preventiva, la ex primera ministra gatilló la ruptura radical de relaciones bilaterales decidida por el Ejecutivo peruano.
Con una condena del Poder Judicial por conspiración para la rebelión derivada del autogolpe de 2022, Chávez habita hoy un encierro paradójico. El gobierno mexicano defiende su potestad de otorgar asilo diplomático basándose en la Convención de Caracas de 1954.
En la otra orilla, la Cancillería peruana califica el hecho como una inadmisible intromisión en asuntos internos y mantiene la firme postura de negarle el salvoconducto. Sin ese pase oficial de salida, la sede extranjera cambia de santuario político a un confinamiento permanente y vigilado.
Aislada bajo estrictas medidas de seguridad interna para evitar roces políticos adicionales y rodeada por un cerco policial exterior, la exfuncionaria experimenta un encierro indefinido. Mientras tanto, el Estado peruano traslada la batalla a los fueros de la OEA buscando frenar lo que considera un mecanismo de impunidad penal, asegurando que las investigaciones locales sigan su curso regular.
Al final de la jornada, la situación configura un laberinto geopolítico perfecto: un espacio donde el derecho internacional veda la captura de Chávez, pero la soberanía nacional le impide, de manera rotunda, alcanzar la ansiada libertad en suelo mexicano.
