La Defensoría del Pueblo exhortó a la Municipalidad Distrital de Chorrillos a disponer el cese inmediato del cobro irregular por concepto de estacionamiento vehicular, que se viene haciendo a bañistas y visitantes que acuden con sus vehículos a las diferentes playas con que cuenta este distrito, especialmente con motivo de la temporada de verano.
En una supervisión dirigida el pasado martes por la Oficina Defensorial de Lima se pudo verificar que personal de la comuna de Chorrillos exigía el pago de presuntas tasas a los veraneantes, para permitir que pudieran ingresar con sus vehículos en la zona de playa. Esta situación pudo ser advertida en las playas Agua Dulce y Las Sombrillas, donde los montos que se exigía a los visitantes podían variar entre un sol y cinco soles. No obstante, a cambio de ello se entregaban boletos en los que se hacía referencia a una ordenanza del año 2023 que no se encuentra actualmente vigente.
Al respecto, la jefa de la Oficina Defensorial de Lima, Estela Lozano, precisó que la Ley Orgánica de Municipalidades obliga a los municipios distritales a ratificar cualquier ordenanza referida a modificaciones en aspectos tributarios, como cobros por arbitrios, limpieza, ingreso vehicular a playas, entre otros, mediante acuerdo del concejo provincial, en este caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).
En ese sentido, explicó que las ordenanzas deben ser ratificadas con anterioridad para que tengan vigencia en el año siguiente. Ello no habría ocurrido en el caso del municipio de Chorrillos, conforme a lo informado por el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la MML, que precisamente advirtió que Chorrillos no había cumplido con ratificar sus ordenanzas para el cobro de estacionamiento vehicular en playas, para el 2025.
La representante de la Defensoría del Pueblo trasladó los hallazgos de la supervisión al alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, a quien expresó su preocupación por el carácter ilegal del cobro que se estaría haciendo a los veraneantes, al no estar sustentado en una norma de materia tributaria ratificada, tal como lo dispone la Ley Orgánica de Municipalidades.
En el documento se advierte a la autoridad de la situación de ilegalidad en que se estaría incurriendo, al efectuar cobros basados en normas que han perdido vigencia, asimismo, porque el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la importancia de que cualquier norma en materia tributaria sea ratificada por las comunas provinciales por lo que advirtió que, de no ordenarse el cese de dicha medida, se evaluaría solicitar el inicio de acciones por parte de la Contraloría General de la República o de la Fiscalía de Prevención del Delito.
“La situación constatada motiva nuestra preocupación institucional toda vez que, además de incumplir lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, se configura una vulneración del principio de legalidad en materia tributaria y el uso indebido de la potestad tributaria municipal frente a los derechos de los contribuyentes”, advirtió.
