El debate presidencial evidenció dos estrategias opuestas. Roberto Sánchez prescindió de sus apuntes para articular un discurso netamente político, centrado en confrontar a la candidata de Fuerza Popular por sus procesos judiciales, la legislación sobre el crimen organizado y el concepto de «Kaos». Por su parte, Keiko Fujimori priorizó la exposición de su plan de gobierno apoyándose constantemente en material impreso, aunque rescató propuestas tradicionales de su partido, como el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles.
El eje de seguridad ciudadana abrió la jornada evidenciando las profundas distancias de fondo y forma entre ambos proyectos políticos. Keiko Fujimori planteó la ejecución de un «Plan de Pacificación Nacional» centrado en el control fronterizo por parte de las Fuerzas Armadas, la expulsión inmediata de extranjeros indocumentados que delincan y la obligación de trabajar para los internos en los penales.
Por su parte, Roberto Sánchez enfocó la problemática criminal desde la lucha anticorrupción, proponiendo la aplicación de la «muerte civil» para los funcionarios corruptos. El debate derivó rápidamente en reclamos mutuos, donde Sánchez responsabilizó al fujimorismo por leyes aprobadas en el Congreso que favorecerían la impunidad, mientras que Fujimori le increpó por supuestos vínculos con el etnocacerismo.
La confrontación subió de tono al abordar el Estado democrático y los derechos humanos, bloque en el cual Sánchez denunció una supuesta «dictadura congresal» impulsada por la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular. Ante ello, Fujimori defendió la vigencia del libre mercado y las libertades individuales frente a modelos de izquierda radicales, recordándole a su contendiente su participación política en administraciones previas cuestionadas.
En el ámbito social de salud y educación, el candidato de Juntos por el Perú abogó por un incremento masivo del presupuesto fiscal para sectores vulnerables e ironizó sobre el financiamiento de los estudios de su rival, en tanto la líder de Fuerza Popular ofreció una reforma orientada a la eficiencia y a la inversión focalizada en infraestructura.
El debate cerró con las propuestas en materia de economía y reducción de la pobreza, ratificando los dos modelos contrapuestos que se disputan la conducción del país. Fujimori ratificó su defensa irrestricta de la inversión privada y la estabilidad jurídica para evitar crisis económicas regionales, mientras que Sánchez demandó una mayor intervención del Estado para la redistribución de la riqueza frente a los índices de pobreza extrema.
En el minuto final de cierre, ignorando la pauta del JNE de emitir palabras de concordia, Sánchez exhortó a los electores a rescatar al país de la oposición parlamentaria, mientras que Fujimori reconoció errores políticos
