Por: Américo Solis
La reciente orden de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo abre un nuevo capítulo en las investigaciones por presuntos sobornos relacionados con los megaproyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua. La decisión del Poder Judicial dispone cinco meses de encarcelamiento en el penal de Barbadillo, donde también están otros expresidentes del país. Por ello, el juez declaró fundado el pedido de la Fiscalía y determinó que Vizcarra permanezca recluido mientras continúan las investigaciones.
Como suele pasar en el Perú, la reacción no ha sido una sola. Hay quienes aplauden la medida porque creen que es una señal clara contra la corrupción. Otros, en cambio, sostienen que es una decisión apresurada y que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no son lo suficientemente sólidas para justificarla y que esta medida será apelada por su defensa, lo que podría permitir que Vizcarra finalmente obtenga su libertad.
La prensa también se ha dividido. Algunos medios respaldan abiertamente la prisión preventiva, mientras que otros advierten que se corre el riesgo de condenar antes de tiempo. En lugar de ofrecer una mirada equilibrada, muchos espacios terminan inclinándose por uno u otro lado, dejando de lado la objetividad que debería guiar la información.
Más allá de Vizcarra, lo que se refleja es un país partido en opiniones, emociones y desconfianzas. Una sociedad que duda de sus instituciones y que, en cada caso judicial, vuelve a enfrentar la misma pregunta.
Al final, lo que está en juego no es solo la situación de un expresidente, sino la manera en que entendemos la justicia y cómo la aplicamos. La pregunta queda abierta para cada uno de nosotros. ¿Era realmente necesaria esta detención o no? La respuesta mostrará qué tan dispuestos estamos a confiar en nuestras instituciones y en el camino que tome nuestro país.
