La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Ayacucho obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años de pena privativa de libertad contra E. C. C., al acreditarse su responsabilidad penal en el delito de desaparición forzada en agravio de Silvestre Quispe de la Cruz, hecho ocurrido el 6 de agosto de 1984 en el distrito de Acosvinchos, provincia de Huamanga.
La investigación y el sustento de la acusación estuvieron a cargo del Fiscal Provincial Carlos Alberto Palomino Quispe. Durante las sesiones presenciales y virtuales del juicio oral, el Fiscal Adjunto Provincial Wilton Uziel Asto Rivas, con el apoyo de la Asistente en Función Fiscal Jimena Gabriela Albites Huillcahuari, presentó los elementos probatorios que permitieron acreditar la responsabilidad del acusado, así como sustentar el monto de la reparación civil.
En mérito a los medios probatorios actuados, el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional impuso al sentenciado 15 años de pena privativa de libertad, la inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, además del pago de 50 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada.
Durante el juicio, el representante del Ministerio Público demostró, mediante prueba testimonial y documental, que el condenado, en su condición de teniente gobernador y presidente del Comité de Autodefensa de Acosvinchos, participó en la privación de la libertad de Silvestre Quispe de la Cruz, quien posteriormente fue víctima de desaparición forzada.
Como parte del proceso judicial, el perito antropólogo Mauro Ezequiel Pumahuacre Espinoza, integrante del Equipo Forense Especializado, expuso el contexto sociopolítico en el que ocurrieron los hechos investigados. Asimismo, los testigos participaron de manera presencial en el juicio oral con el acompañamiento de los profesionales de la Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos, garantizando su adecuada participación durante el proceso.
Con esta sentencia, el Distrito Fiscal de Ayacucho reafirma su compromiso con la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos, así como con la lucha contra la impunidad, la protección de las víctimas y el acceso a la justicia, en cumplimiento de su mandato constitucional de defender la legalidad y los derechos fundamentales de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.
