Las lluvias intensas vuelven a poner en evidencia una de las grandes debilidades de Piura: la vulnerabilidad de sus calles frente a las inundaciones. Cada episodio de precipitaciones deja imágenes conocidas por la población: vías convertidas en lagunas, vehículos atrapados, peatones obligados a caminar entre aguas acumuladas, comercios afectados y familias expuestas a condiciones que dificultan su vida cotidiana. Ante esta realidad, surge una pregunta inevitable: ¿el problema es únicamente la fuerza de la naturaleza o también la falta de una respuesta pública eficaz y sostenida?
Piura es una región acostumbrada a convivir con precipitaciones intensas, especialmente durante los episodios asociados al fenómeno El Niño. Por ello, las lluvias no deberían ser tratadas como acontecimientos imprevisibles que sorprenden cada vez a las autoridades. Aunque su intensidad y duración pueden variar, sus posibles consecuencias son conocidas y requieren planificación, prevención e infraestructura adecuada.
El anegamiento de las calles no responde necesariamente a una sola causa. Puede producirse por la insuficiente capacidad del drenaje pluvial, la ausencia o discontinuidad de redes de evacuación, la obstrucción de sumideros, la acumulación de residuos sólidos, las deficiencias en las pendientes de las vías y el crecimiento urbano sin una planificación adecuada. También influye la ocupación de zonas vulnerables y la falta de mantenimiento oportuno de la infraestructura existente.
Sin embargo, cuando estos problemas se repiten durante años y las mismas calles vuelven a quedar bajo el agua, resulta legítimo cuestionar la capacidad de gestión de las instituciones responsables.
La ciudadanía tiene derecho a exigir respuestas concretas a sus autoridades municipales, regionales y nacionales, de acuerdo con las competencias que corresponden a cada institución. No basta con desplegar maquinaria después de una lluvia, retirar el agua acumulada o anunciar medidas de emergencia. Estas acciones pueden ser necesarias, pero no reemplazan una solución estructural.
La pregunta de fondo es si existe una verdadera voluntad política para impulsar un sistema de drenaje pluvial integral, técnicamente diseñado, financiado, ejecutado y mantenido a lo largo del tiempo.
¿Se cuenta con diagnósticos actualizados de las zonas críticas? ¿Existen proyectos viables con presupuesto y cronogramas definidos? ¿Se coordinan las intervenciones entre los distintos niveles de gobierno? ¿Se supervisa el mantenimiento de los sistemas existentes? ¿Se informa a la población sobre los avances y las dificultades?
Estas son preguntas que merecen respuestas públicas, documentadas y verificables.
La falta de resultados visibles no demuestra por sí sola desinterés o negligencia de una autoridad determinada. No obstante, la repetición de los daños obliga a revisar la planificación, la ejecución presupuestal, la coordinación institucional y la eficacia de las medidas adoptadas.
Piura necesita una política de drenaje pluvial que vaya más allá de las intervenciones aisladas. La solución requiere estudios de ingeniería, evaluación de las cuencas urbanas, identificación de puntos críticos, redes de captación y conducción de aguas, sistemas de almacenamiento o bombeo donde resulten técnicamente necesarios y mecanismos permanentes de mantenimiento.
También exige ordenar el crecimiento urbano, mejorar la gestión de residuos sólidos y evitar que las nuevas obras viales se ejecuten sin considerar cómo se evacuará el agua de lluvia.
Todo proyecto debe responder a las características del territorio y a la intensidad de las precipitaciones que debe soportar. Construir pistas sin resolver adecuadamente el drenaje puede significar que una inversión pública pierda efectividad frente a las primeras lluvias intensas.
Asimismo, resulta indispensable publicar información sobre el costo de las obras, sus plazos, los responsables de su ejecución y los resultados de las evaluaciones técnicas. La transparencia permite que la ciudadanía ejerza vigilancia y que las autoridades rindan cuentas.
Es cierto que la prevención de inundaciones también requiere la participación de la ciudadanía, especialmente mediante la disposición adecuada de los residuos y el cuidado de los espacios públicos. Sin embargo, esa responsabilidad no puede utilizarse para trasladar a los vecinos el peso principal de un problema que también depende de la planificación territorial, la infraestructura pública y la capacidad de gestión estatal.
La población puede contribuir a mantener limpias las calles, pero no puede reemplazar las redes de drenaje que la ciudad necesita. Tampoco puede asumir las competencias técnicas, presupuestales y administrativas que corresponden a las entidades públicas.
Por eso, la respuesta debe combinar educación ciudadana con decisiones institucionales, inversiones sostenibles y mecanismos efectivos de fiscalización.
Cada inundación representa mucho más que una dificultad para transitar. Puede ocasionar pérdidas económicas, daños materiales, interrupciones de actividades comerciales, riesgos sanitarios y mayores dificultades para las personas que viven en las zonas más vulnerables.
El desafío consiste en dejar atrás una gestión que reacciona cuando el agua ya está en las calles y avanzar hacia una política pública que reduzca los riesgos antes de que ocurra la emergencia.
Para ello, las autoridades deben establecer prioridades, identificar las zonas de mayor exposición, coordinar los proyectos de drenaje, garantizar su mantenimiento y comunicar periódicamente sus avances. La ciudadanía, por su parte, necesita información clara para conocer qué se hará, cuándo se hará y quién responderá por los resultados.
Las lluvias intensas son un fenómeno natural; que sus efectos se conviertan reiteradamente en calles inundadas es una situación que debe investigarse y gestionarse con seriedad. No toda inundación puede evitarse, pero sus consecuencias pueden reducirse mediante infraestructura adecuada, planificación y preparación.
Piura no necesita únicamente autoridades que aparezcan durante las emergencias. Necesita instituciones capaces de anticiparse a ellas, ejecutar obras bien diseñadas y demostrar resultados sostenibles.
La verdadera prueba de la gestión pública no está en la cantidad de declaraciones emitidas después de una inundación, sino en las decisiones adoptadas antes de que vuelva a llover.
La pregunta que queda planteada es clara: ¿cuánto tiempo más tendrá que esperar Piura para contar con un sistema de drenaje pluvial integral que esté a la altura de las necesidades de su población?
La respuesta no debe quedar en discursos ni promesas. Debe expresarse en proyectos técnicamente sustentados, presupuestos transparentes, obras ejecutadas y una ciudad mejor preparada para enfrentar las lluvias.
