La oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima expresó su preocupación tras una serie de irregularidades, por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Poder Judicial, advertidas en el caso de la ciudadana que fue arrastrada el pasado 11 de febrero por su expareja, a bordo de un vehículo en el distrito de Breña, cuando exigía el pago de alimentos, tratamiento médico y otros derechos a favor del hijo que ambos tienen, quien presenció el hecho de violencia.
Tras conocer el caso, un equipo de comisionados de dicha oficina defensorial entrevistó a la víctima, quien dio detalles de las serias irregularidades cometidas en su contra. Un ejemplo de ello es que, pese a que se encontraba hospitalizada en un establecimiento de salud, por la gravedad de sus heridas, la víctima habría recibido reiteradas llamadas del personal policial de la comisaría de Chacra Colorada para interponer la denuncia, lo que la obligó a solicitar el alta voluntaria a pesar de su estado crítico para dirigirse a la delegación policial.
Una vez en la comisaría la víctima narró los hechos y pidió que su denuncia sea registrada como tentativa de feminicidio. Sin embargo, ello no habría sido considerado en la denuncia, en cuyo texto únicamente se incorporó el acta de intervención policial, originando que en el documento se narren los hechos como presuntas lesiones ocurridas en una discusión, lo que no refleja lo que realmente ocurrió y pudo ser corroborado mediante la difusión del video en el que se observa a la víctima siendo arrastrada varias cuadras.
Como parte de las irregularidades, tampoco se habría consignado el accionar del conductor del vehículo que trasladó al agresor durante el hecho de violencia; además, cuando la víctima solicitó una copia de la denuncia se le indicó que debía hacerlo por escrito, previo pago de una tasa. Pese a ello, dicha copia fue otorgada casi un mes después, tras la intervención de la Defensoría del Pueblo. Las irregularidades también comprenden al accionar del Poder Judicial, en especial del juzgado que tuvo a su cargo la emisión de las medidas de protección, cuyo contenido tenía errores en el nombre del agresor, que también fueron subsanados casi un mes después. Además, en las medidas de protección no se incluyó al hijo de la víctima, pese a que fue testigo de los hechos.
En este contexto, el agresor presentó una denuncia en contra de la víctima, lo que motivó que otro juzgado dicte medidas de protección a su favor y del niño en contra de la madre. Asimismo, en la sede policial se habría indicado a la víctima que debía presentar una solicitud para el cumplimiento de las medidas de protección a su favor.
Todo este conjunto de irregularidades han sido comunicadas a la titular del 11° Juzgado Especializado en Violencia hacia Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, que informó que la demora en ampliar las medidas de protección a favor del niño se debía a las vacaciones judiciales y se comprometió en emitir un pronunciamiento en los próximos días. Por su parte, el comisario de Chacra Colorada se comprometió en elaborar un informe con los resultados de la investigación que realice dentro de dicho establecimiento, luego de que se le comunicara las irregularidades advertidas por parte del personal policial.
Al respecto, la jefa de la Oficina Defensorial de Lima, Estela Lozano, precisó que la institución se mantiene atenta ante las decisiones que adopten ambas instituciones. Además, lamentó que estas irregularidades sean reiterativas, lo que demostraría una falta de atención adecuada de los casos de violencia. “En diciembre, en un feminicidio ocurrido en Surquillo también hubo demora en la emisión de las medidas de protección, que fueron dictadas con posterioridad al crimen, por ello exigimos mayor celeridad en la atención de estos casos por parte de las autoridades”, sostuvo la representante de la Defensoría del Pueblo.
