Por: Jorge Quevedo
“El sistema vigente no recompensa la conservación, la castiga”. En los márgenes verdes que bordean la ciudad de Moyobamba, existen héroes anónimos que día a día resisten la tentación de lotizar, talar o construir. Son los propietarios de bosques periurbanos e intraurbanos, quienes, en lugar de buscar ganancias inmediatas, deciden conservar. Pero el sistema les da la espalda.
Hoy, conservar en Moyobamba cuesta. No solo en esfuerzo, sino en dinero. Un propietario puede pagar hasta S/ 12 760 por hectárea al año, sumando el impuesto predial y el mantenimiento de su bosque. ¿La recompensa por este esfuerzo? Ninguna. Cero incentivos, cero reconocimientos, cero acompañamientos. Peor aún: muchos se ven obligados a vender sus tierras para poder cubrir la carga tributaria. El mensaje es claro: el que cuida el bosque, pierde.
Esta situación, documentada en un reciente estudio aplicado en la ciudad, debería hacernos reflexionar. ¿Queremos seguir penalizando a quienes protegen nuestros últimos pulmones urbanos? ¿O estamos dispuestos a construir una política fiscal que premie el compromiso ambiental?
En un escenario global marcado por la expansión urbana descontrolada y el debilitamiento de las políticas ambientales, los bosques urbanos y periurbanos emergen como piezas estratégicas para la sostenibilidad de las ciudades. Investigaciones recientes evidencian que, si bien los pagos por servicios ecosistémicos (PSE) han sido reconocidos como mecanismos innovadores para compensar y promover la conservación, su consolidación enfrenta desafíos estructurales.
En Paraguay, advierten sobre la falta de estudios sólidos sobre la valoración del daño ambiental y la débil reglamentación del PSA, lo cual ha limitado su impacto real en la gestión ambiental. Similares problemáticas fueron identificadas en México, donde concluyen que la sostenibilidad de los programas de PSE depende de la articulación institucional y de una estrategia que trascienda lo económico para incorporar dimensiones sociales y territoriales. Por otro lado, subrayan la complejidad de los esquemas de PSA, cuyos resultados en sostenibilidad varían según las características del diseño y la implementación, sin garantizar un impacto positivo per se. En tanto, desde Ecuador, demuestran que los espacios verdes urbanos generan un alto valor ecológico, especialmente en su función de regulación climática y captura de carbono. A pesar de estas evidencias, los gobiernos locales suelen relegar la gestión de los bosques urbanos, como evidenció Zumbado (2020) para el caso de Costa Rica, donde la protección de áreas verdes en las ciudades no ha sido una prioridad política.
Esta situación cobra especial relevancia en territorios amazónicos como Moyobamba, donde los remanentes de bosque periurbano son tratados tributariamente como lotes urbanos, penalizando económicamente a quienes deciden conservar. Es en este contexto que se plantea una reflexión urgente: ¿puede la política fiscal dejar de ser un obstáculo y convertirse en un instrumento de justicia ambiental? ¿Es posible construir incentivos tributarios que reconozcan el valor ecosistémico de conservar bosque en ciudades amazónicas? La implementación de un programa piloto de MERESE en su modalidad de regulación climática ofrece una respuesta concreta a estas preguntas, articulando la conservación con la reconfiguración del vínculo entre el Estado y los propietarios forestales.
¿Puede el sistema tributario convertirse en un aliado de la conservación urbana en la Amazonía? La respuesta parece simple, pero su implementación exige una ruptura con viejas inercias institucionales. En ciudades amazónicas como Moyobamba, los bosques periurbanos e intraurbanos no son solo parches verdes: son filtros de aire, moderadores del clima y reservorios de vida. No obstante, bajo el actual régimen fiscal, quien decide mantener en pie su bosque es castigado económicamente. Un terreno forestal urbano, por el solo hecho de encontrarse dentro del perímetro de la ciudad, puede tener un valor tributario de hasta S/ 61 por metro cuadrado, implicando pagos prediales anuales de más de S/ 36 000 por solo seis hectáreas, como fue revelado en la experiencia del predio Alto Vista.
Esta paradoja —pagar más por conservar— no es exclusiva del Perú. Como advirtió Ruiz González (2022), el diseño de los PSA debe contemplar el contexto socioeconómico de los beneficiarios, para que no se conviertan en mecanismos de exclusión o privilegio. Más aún, en zonas donde los gobiernos locales carecen de herramientas efectivas para coordinar con las comunidades, la conservación puede transformarse en un lujo insostenible.
La implementación del programa piloto de MERESE en Moyobamba, en su modalidad de regulación climática con enfoque tributario, ha demostrado que es posible pensar distinto. La propuesta no parte de otorgar subvenciones asistencialistas, sino de corregir una injusticia fiscal estructural. Al plantear que los predios con cobertura boscosa sean tratados tributariamente como rurales —aunque se mantenga su categoría urbana— se reduce la presión económica sobre los propietarios y se reconocen los costos reales de mantener el ecosistema.
El impacto es doble, por un lado, se libera una carga económica que desincentivaba la conservación, y por otro, se envía una señal clara desde el Estado: conservar es valioso y debe ser retribuido. La simulación de escenarios fiscales revela que esta medida puede reducir el costo anual de conservación de una hectárea de bosque de S/ 12 760 a casi un tercio. Esta no es una cifra simbólica, es el punto de equilibrio entre sostenibilidad ambiental y viabilidad económica.
Ahora bien, un incentivo sin gobernanza es letra muerta. La evaluación de la percepción de los propietarios lo confirma. Antes del piloto, el 87,5 % de ellos consideraba crítica la gestión ambiental municipal. Tras su implementación, el 63 % valoró la gestión como eficiente. Este cambio no solo responde al alivio tributario, sino también al proceso de diálogo, transparencia y participación que acompañó al piloto. La sostenibilidad de los esquemas PSE depende de múltiples factores, y uno clave es la construcción de confianza entre las partes.
En este sentido, Moyobamba ofrece un precedente valioso para otras ciudades amazónicas. La expansión urbana es inevitable, pero su modelo puede y debe ser negociado. Apostar por ciudades que integren la naturaleza no es un gesto romántico: es una estrategia de resiliencia frente al cambio climático, de salud pública y de justicia ambiental. Como afirma Zumbado (2020), los bosques urbanos son esenciales para mejorar la calidad de vida y mitigar el colapso ecológico en contextos urbanos vulnerables.
Hacia un nuevo pacto fiscal verde
El camino ya está trazado. Si Moyobamba logra institucionalizar su modelo de MERESE climático con enfoque tributario, no solo protegerá sus bosques, sino que también construirá un precedente legal y ético para otras ciudades del bioma amazónico. El reto ahora es político. El gobierno regional de San Martín y los gobiernos locales deben comprender que la conservación urbana no se logra con discursos, sino con políticas fiscales coherentes y participativas. Como sociedad, necesitamos avanzar hacia un nuevo pacto fiscal verde, donde el que conserva no sea castigado, sino reconocido como un agente activo en la defensa del futuro común.
Dato:
El presente es un artículo de investigación de Wheller J – Cruz, especialista en servicios ecosistémicos y coordinador técnico del Colectivo M500 de Moyobamba, capital de la región San Martín.
