Por: Américo Solis
Hoy se ha desatado una tormenta de críticas en torno al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y su polémico proyecto ferroviario. De pronto, el país se ha llenado de expertos: un ministro que recurre a todo tipo de crítica, según él en el marco de la ley, aunque pareciera hacerlo por un interés político contrario al del burgomaestre; politólogos de ocasión que ensayan ácidas opiniones; comunicadores convertidos en especialistas en infraestructura ferroviaria; guardianes del medio ambiente recién despertados; y hasta ciudadanos comunes que ahora hablan de recorridos, presupuestos y licencias como si se tratara de su especialidad. “Chatarra” y “farsa” son algunas de las palabras que más se repiten cuando se refieren a este tren.
Es cierto que el proyecto tiene serias observaciones. La falta de planificación técnica y los vacíos de legalidad son aspectos que no pueden ni deben ignorarse. Sin embargo, hay algo que no se puede negar: ningún otro alcalde metropolitano se atrevió siquiera a proponer una iniciativa de esa magnitud. López Aliaga, con todas sus sombras, ha logrado poner sobre la mesa un debate que Lima tenía postergado desde hace décadas: la necesidad de un transporte masivo que conecte la capital con su periferia más lejana.
Uno de los primeros en subirse al vagón opositor ha sido, curiosamente, un ministro del Ejecutivo, convertido ahora en el más activo crítico del tren, quizás porque la iniciativa del alcalde afecta directamente a los intereses de su casa política.
Y es que ya muchos han hecho el cálculo: si el tren avanza, también avanzan las aspiraciones presidenciales del alcalde. Por eso sus opositores, especialmente aquellos que también sueñan con el sillón de Pizarro, le buscan todos los peros posibles. No por convicción técnica, sino por conveniencia electoral.
Así que sí, el procedimiento puede estar mal ejecutado, pero el fondo del asunto merece una discusión seria, más allá de los gritos y los gruñidos de quienes ven en cada riel una amenaza a sus propias ambiciones.
