Por: Américo Solis
Es comprensible el anhelo de muchos jóvenes por acceder a estudios universitarios, pero pretender crear 21 nuevas universidades públicas en el contexto actual, sin garantizar estándares mínimos de calidad, representa un grave error y un nuevo despropósito del Congreso de la República, al que lamentablemente ya estamos acostumbrados.
La experiencia demuestra que muchas de las universidades que hoy operan no cumplen con los requisitos óptimos para la formación de profesionales competentes, capaces de integrarse adecuadamente al mercado laboral. Por ello, resulta alarmante que, en lugar de fortalecer las instituciones ya existentes, se promueva una expansión improvisada y sin planificación técnica.
Diversas voces autorizadas han manifestado su rechazo a esta medida. El exministro de Educación, Idel Vexler, ha señalado que esta decisión del Congreso precariza aún más la educación superior. Según su análisis, la creación de estas nuevas universidades responde únicamente a intereses electorales, ya que no se cuenta ni con el presupuesto ni con las condiciones necesarias para garantizar su adecuado funcionamiento.
En la misma línea, la exministra Marilú Martens calificó la medida como una decisión populista e irresponsable. Ella enfatiza que la apertura de una universidad no se trata simplemente de cortar una cinta inaugural, sino de asegurar su sostenibilidad en el tiempo, con calidad académica, una plana docente capacitada y el respaldo técnico adecuado, aspectos que los promotores de esta iniciativa parecen ignorar deliberadamente.
Por su parte, el también ex viceministro de Educación Guillermo Molinari ha expresado su preocupación por la falta de recursos para la implementación de estas universidades. Ha recordado que en varios casos se han colocado simbólicamente «primeras piedras», pero no se ha avanzado en lo más mínimo. Añade, además, que el Ministerio de Educación ni siquiera cuenta con presupuesto suficiente para refaccionar escuelas públicas que hoy se encuentran en condiciones deplorables.
En conclusión, la creación masiva e improvisada de nuevas universidades, sin un enfoque técnico, financiero y de calidad, no solo pone en riesgo la formación de futuras generaciones, sino que evidencia el uso político de la educación en beneficio de intereses particulares. La educación superior requiere planificación seria, inversión responsable y una visión de largo plazo, no decisiones populistas que hipotecan el futuro del país.
