Por: Américo Solis
La pregunta es inevitable: ¿qué ruta debe seguir el elector ante una cédula electoral saturada de candidatos y partidos? La abundancia de opciones no se traduce en mayor claridad, sino en desazón y desconcierto. Predomina el ruido sobre el debate de fondo, y la sobreoferta termina diluyendo las alternativas de calidad en lugar de fortalecerlas.
En ese contexto, proliferan los gestos calculados y las puestas en escena: símbolos improvisados, recorridos tardíos por zonas antes ignoradas y escenas diseñadas para aparentar cercanía. Sin embargo, más allá del calculado espectáculo, el electorado demanda coherencia, propuestas viables y trayectorias consistentes que permitan distinguir entre marketing político y compromiso real con el país.
Pero tengamos en cuenta que, el problema no es la extensión del papel ni la diversidad de logos. Lo verdaderamente escandaloso es que, entre quienes aspiran poder figuren personas con un amplio prontuario judicial que dista mucho de la imagen de “servidores públicos elegidos por el pueblo
Una investigación de El Poder en Tus Manos de RPP revela que el 92 % de las organizaciones políticas que participarán en las Elecciones Generales 2026 incluye en sus listas a candidatos con sentencias penales firmes, según lo consignado en sus hojas de vida.
En total, se identifican 252 postulaciones a la Presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino con antecedentes judiciales, que acumulan 297 condenas por delitos como incumplimiento de obligación alimentaria, peculado, conducción en estado de ebriedad, violencia familiar, malversación de fondos, homicidio culposo, resistencia a la autoridad, falsificación de documentos, hurto, lesiones y estafa, entre otros.
¿Con qué autoridad moral puede legislar quien no respeta la ley? ¿Cómo se puede hablar de lucha contra la corrupción cuando las listas incluyen nombres vinculados a prácticas cuestionables? La política no puede convertirse en un refugio para quienes buscan blindaje o impunidad.
La democracia no se degrada únicamente por el exceso de candidatos, sino por la precariedad ética de muchos de ellos. Y en ese escenario, la responsabilidad recae también en los partidos que, en lugar de filtrar y garantizar estándares mínimos de idoneidad, priorizan la conveniencia electoral, convirtiéndose en cómplices de los que están en falta
El elector enfrenta, entonces, un dilema complejo. No basta con elegir al “menos malo”. Se impone una tarea más exigente: informarse, contrastar antecedentes, revisar hojas de vida y no dejarse seducir por discursos vacíos. La cédula puede ser extensa, pero la memoria ciudadana no debería ser corta.
Estas elecciones no solo pondrán a prueba a los candidatos; pondrán a prueba nuestra tolerancia frente a la mediocridad y la falta de ética. Porque cuando normalizamos que sentenciados o investigados aspiren a representarnos, lo que realmente está en juego no es una curul, sino la dignidad misma del sistema democrático.
