Por: Américo Solis
La muerte de la deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera tras ser atropellada en San Isidro debió mantener siempre el carácter de un hecho doloroso y estrictamente judicial. Sin embargo, con el paso de los días, el caso ha ido desplazándose peligrosamente del terreno de lo serio hacia el espacio de la farándula, y eso resulta inaceptable.
El conductor del vehículo, Adrián Villar, hijastro de la periodista Marisel Linares, es investigado por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. Si se comprueba que actuó con imprudencia, que pudo auxiliar a la víctima y no lo hizo, y que decidió abandonar la escena, la ley debe aplicarse con firmeza. La huida posterior agrava la responsabilidad y envía un mensaje que la sociedad no puede tolerar. Cuando existe la posibilidad de ayudar y no se hace, la omisión no es solo moralmente reprochable, sino jurídicamente relevante.
En paralelo, Marisel Linares ha sido incluida en la investigación por el Ministerio Público en su condición de propietaria del vehículo, a fin de determinar si existió algún tipo de encubrimiento o interferencia. Ese análisis corresponde exclusivamente al ámbito fiscal. Para que exista responsabilidad penal debe probarse una conducta deliberada orientada a ocultar información o a obstaculizar la acción de la justicia. Una reacción emocional frente a una crisis familiar puede ser cuestionable desde lo ético, pero no necesariamente constituye delito.
Lo preocupante es que el debate público ha dejado de centrarse en la investigación técnica y jurídica para deslizarse hacia el terreno del espectáculo. Opiniones ligeras, juicios mediáticos y especulaciones han convertido una tragedia en contenido de entretenimiento. Cuando un caso penal se transforma en material de farándula, se desnaturaliza el respeto debido a la víctima y se distorsiona el sentido mismo de la justicia.
La indignación social es comprensible ante la pérdida de una vida joven. Pero la justicia no puede operar bajo presión mediática ni bajo la lógica del rating. Debe basarse en pruebas, peritajes, testimonios y procedimientos formales. El debido proceso no es un privilegio, es una garantía para todos.
Este caso exige firmeza frente a la posible imprudencia y la fuga, pero también exige prudencia para no convertir la investigación en un circo público. La memoria de Lizeth Katherine Marzano Noguera merece respeto. Y el país merece un sistema judicial que actúe con serenidad, sin favoritismos y sin linchamientos. La justicia no puede convertirse en espectáculo, porque cuando eso ocurre, todos perdemos.
