Hasta hoy, la situación de Vladimir Cerrón refleja una de las anomalías más visibles del sistema político y judicial peruano. A pesar de llevar más de dos años en la clandestinidad (desde octubre de 2023), su presencia en la esfera pública y electoral es constante.
Cerrón ha mantenido una exposición mediática inusual para alguien con orden de captura. Recientemente ha brindado entrevistas exclusivas a programas como Cuarto Poder, Exitosa, Willax y RPP. En estas apariciones, utiliza plataformas digitales como Zoom o Meet para cuestionar a las autoridades y dirigir su campaña política.
A finales de diciembre de 2025, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) admitió a trámite la plancha presidencial del partido Perú Libre, encabezada por él mismo. Esta habilitación se basa en la anulación previa de condenas que lo inhabilitaban, como la del caso Aeródromo Wanka.
Aunque se describe a sí mismo como un «perseguido político» o «prófugo de la injusticia», legalmente sigue siendo un prófugo de la justicia debido a una orden de prisión preventiva por 36 meses relacionada con el financiamiento de campañas electorales.
Actualmente, el Tribunal Constitucional tiene al voto un recurso de habeas corpus con el que Cerrón busca anular sus órdenes de captura y la prisión preventiva. Hace apenas unos días (13 de marzo), se reportó que su caso fue uno de los pocos seleccionados para recibir un fallo prioritario este año.
Esta situación genera un intenso debate ético y legal: mientras Cerrón utiliza su derecho a la participación política y a la defensa, su capacidad para evadir la justicia mientras realiza campaña activa pone en tela de juicio la eficacia de las fuerzas del orden y la coherencia del sistema electoral.
Esta situación pone en evidencia una contradicción ética que golpea directamente la credibilidad de nuestras instituciones y el papel de los medios. Permitir que un prófugo de la justicia tenga una vitrina mediática abierta genera varias críticas profundas:
Cuando un prófugo se pasea por los sets virtuales de televisión como si fuera un analista o candidato común, se lanza el mensaje de que la ley es opcional. La justicia queda en ridículo mientras el investigado utiliza los medios para deslegitimar las instituciones que lo buscan.
Aunque los medios argumentan el «derecho a la información» o el interés periodístico, muchos caen en el sensacionalismo. Darle pantalla a alguien que evade la ley puede cruzar la línea entre informar y convertirse en una plataforma de propaganda política para alguien que no rinde cuentas ante el Estado.
