Por: Américo Solis
La inseguridad ciudadana agravada por crimen organizado, el sicariato y la extorsión se han convertido en parte del día a día en nuestro país. Los asesinatos a manos de la delincuencia ya no generan indignación, solo engrosan las estadísticas. No importa la edad, el género ni la condición de las víctimas. Cada día, una nueva muerte se suma a la lista, sin que haya una respuesta efectiva de las autoridades.
Frente a esta realidad, las autoridades parecen estar desconectadas de la realidad. El ministro del Interior critica a jueces y fiscales por liberar delincuentes, pero lo cierto es que no existe una coordinación efectiva entre las instituciones encargadas de combatir el crimen. En su lugar, predomina una constante confrontación de tinte político. Se acusan mutuamente, pero no trabajan en conjunto. Si bien este problema no es exclusivo del gobierno actual, sino el resultado de años de desidia e indiferencia de administraciones anteriores, la falta de acción presente no hace más que agravar la situación.
Lo más alarmante es que esta crisis ha trascendido las calles y ha llegado a las escuelas, tanto públicas como privadas. Padres de familia, docentes y directivos viven con el temor de ser las próximas víctimas. Según la Asociación de Colegios Privados de Lima, de 700 instituciones educativas, al menos 300 han sido blanco de extorsión. En algunos casos, el miedo ha sido tan grande que han optado por regresar a la educación virtual, a pesar de sus limitaciones.
Nos hablan de pactos por la seguridad, de acuerdos intersectoriales, de estrategias que solo existen en el papel. En la práctica, los resultados son nulos. Los llamados de alerta se han repetido hasta el cansancio, pero nada cambia. Cada día se reportan nuevos asesinatos con armas de fuego, y la cifra de víctimas sigue en ascenso. Seguimos atrapados en un país donde el peligro, el miedo y la incertidumbre son la única constante.
