Por: Américo Salas
Nos encontramos frente a un Congreso de la República cuyos miembros se comportan con la arrogancia de propietarios absolutos del destino del país. Esta institución, que alguna vez fue símbolo de respeto y prestigio, hoy se asocia al escándalo y la desvergüenza. Las palabras parecen insuficientes para describir el grado de degradación en el que ha caído.
Es un Congreso deslegitimado, donde la mayoría de los legisladores —con honrosas y contadas excepciones— están involucrados en prácticas que cruzan abiertamente la línea de la corrupción, el abuso de autoridad y el uso del cargo para beneficio personal, amparados en las prerrogativas que, más que inmunidad, se convierten en una impunidad parlamentaria.
Los hechos son ineludibles: una trabajadora denuncia haber sido violada por un congresista en su oficina parlamentaria; emerge la sospecha de una red de proxenetismo operando dentro del mismo recinto legislativo; otro parlamentario enfrenta acusaciones de violación tras una celebración de fin de año. Y, en este sombrío panorama, la respuesta del Congreso raya en lo grotesco: responsabilizan a las mujeres. Mediante un comunicado absurdo, prohíben el uso de minifaldas, como si eso resolviera el problema.
¿Acaso olvidan que cada persona tiene el derecho de vestirse como desee? Esta medida no solo es retrógrada, sino también una afrenta a la dignidad y la libertad individual. El problema no está en la ropa; está en la cultura de impunidad impregnada en esta institución y que permite que el abuso y la corrupción florezcan sin mayor control.
La ministra de la Mujer, Ángela Teresa Hernández, ha levantado su voz enérgicamente contra esta absurda medida del Congreso. Ha exhortado a los legisladores a reflexionar sobre el verdadero trasfondo de sus decisiones, poniendo en evidencia la desconexión entre sus actos y la realidad que viven las mujeres en el país.
Estas no son simples acusaciones: las evidencias abundan. Sin embargo, los congresistas han encontrado refugio en la leguleyada, el compadrazgo y el tráfico de influencias, herramientas perfectas para esquivar la justicia. Mientras tanto, la llamada Comisión de Ética se ha convertido en un símbolo vacío, incapaz de actuar con la firmeza y ejemplaridad que la ciudadanía exige.
Desde el inicio de este periodo legislativo, un sector de congresistas llegó con la consigna de explotar el sistema en beneficio propio, sin reparos en pisotear las normas vigentes. Recortes de sueldos a sus trabajadores, uso de recursos asignados para proselitismo en las regiones, y el empleo de fondos públicos para asistir a eventos personales como fiestas de cumpleaños son solo algunas de las prácticas que han salido a la luz.
Esto no es solo indignante; es un claro reflejo de cómo los intereses personales y la podredumbre moral han tomado por asalto una de las instituciones más relevantes del país. Estamos atravesando uno de los capítulos más oscuros en la historia del Congreso.
Cada día que pasa, el daño a nuestra democracia y a la confianza ciudadana se profundiza, dejando un legado de decepción y desconfianza que será difícil de superar.
