Fiel a su estilo, Fernando «Popy» Olivera una vez más polemizó el debate presidencial 2026, lo cual forma parte de su retórica política y se basa en una serie de investigaciones y cuestionamientos acumulados contra César Acuña y su partido, Alianza Para el Progreso (APP).
No obstante, desde un punto de vista jurídico, estas afirmaciones no han sido confirmadas mediante una sentencia judicial que declare a APP como una «organización criminal».
Acuña ha negado sistemáticamente todas las acusaciones, afirmando que no teme a las investigaciones y que estas carecen de sustento legal sólido.
Aunque existen múltiples carpetas fiscales abiertas y juicios previos (como el de «Plata como cancha» por inducción al voto), hasta la fecha no existe una condena firme que respalde la calificación de «organización criminal» aplicada al partido en su conjunto.
«Popy» Olivera siempre se manejó de esta manera, es su modus operandi, lanzar acusaciones de alto calibre para ganar visibilidad, sabiendo que su partido suele estar bajo en las encuestas, una vieja táctica para captar el «voto indignado.
Olivera argumenta que el poder político de la bancada de APP impide que estas investigaciones prosperen, basándose en la influencia que el partido ejerce en el Congreso y su participación en la aprobación de leyes polémicas, como la Ley 32108, que modifica la tipificación de organización criminal.
